En el marco de la visita de Stefano Zamagni a Argentina, que organizó ACDE junto a otras organizaciones sociales, el economista italiano fue entrevistado por el Diario La Nación. Aquí compartimos la nota donde plantea que en algunas falencias de la sociedad civil hay explicaciones a que la Argentina no logre desarrollarse; un llamado a repensar las políticas para la inclusión.
Ni el asistencialismo por parte del Estado ni la beneficencia por parte de las empresas ayudan a las personas a desarrollarse o a una economía a crecer. En cambio, según considera Stefano Zamagni, lo que deben hacer los gobiernos es poner en marcha programas económicos (y no sociales) que garanticen el cumplimiento de los derechos desde la inclusión al sistema productivo y no desde los subsidios. Y a las empresas, dice, les corresponde la inversión, fijando como meta evaluable cuál es el impacto social de su actividad. Zamagni, nacido en Italia en 1943 y economista de profesión, es un exponente de una línea de pensamiento llamada de la «economía civil». De paso por Buenos Aires (ciudad que visita frecuentemente) sostuvo que es optimista con respecto al rumbo que tomará el gobierno de Mauricio Macri. «No va a un neoliberalismo viejo, sino que va a proponer una liberalización de la economía desde el control de la administración pública», afirma.
Autor de libros como Por una economía del bien común y profesor de Economía en la Universidad de Bologna (Italia) y en la Universidad John Hopkins (Estados Unidos). Zamagni es también miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, fue asesor de los Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI y es un activo promotor de las actividades filantrópicas empresariales. «La filantropía nació bajo el principio de restitución: las empresas tienen que restituir algo de las ganancias, porque parte de ellas es por mérito de la comunidad, porque si hay buenas escuelas habrá buenos obreros. Por eso la filantropía nació como un tipo de inversión en capital social, en capital humano», afirma. Pero para garantizar la universalidad de los servicios básicos para el bienestar, aclara, hace falta que el Estado asuma su rol.
-En los últimos años, América latina avanzó en políticas de ingresos llamados universales, con pagos a personas mayores y a niños de familias de bajos ingresos, ¿lo ve como un avance o ve riesgos en esa estrategia?
-Aquí el Estado hace cosas por los pobres que en Europa hace por todos. Si yo en Europa voy al hospital, soy tratado igual que el pobre que va. La idea del universalismo no es atender a los pobres, porque ahí hay discriminación. Frente a necesidades fundamentales de la vida todas las personas deben recibir algo de igual nivel.
-Aquí se recurre a esas políticas por el elevado nivel de pobreza, que es un problema arraigado, ¿cómo se sale de eso?
-No se puede explicar la paradoja de la Argentina, que en 1919 fue uno de los cinco países más desarrollados del mundo, una posición que mantuvo hasta la gran crisis del 29, para luego empezar a declinar. Y su ingreso per cápita quedó muy por detrás. La Argentina es el país potencialmente más rico del mundo porque lo tiene todo: clima, geografía, pampa muy fértil… Y no es una cuestión de qué teorías se aplican; en Chile las teorías neoliberales hicieron funcionar la economía y acá, no. La corrupción es algo que también se da en otros países. Hay estudios de economistas que, para encontrar la explicación al caso argentino hablan de la falta de capabilidad: hay capacidad, hay personas inteligentes, pero no se lleva el pensamiento a la acción, sobre todo en el nivel gubernamental.
-¿Y qué responsabilidad hay en los empresarios?
-Hay empresarios que por razones que se conocen estuvieron divididos según el partido político. En el período de Cristina Kirchner se habían dividido y eso es un problema, pero el actual gobierno va a cambiar eso.
-¿Cómo ve al gobierno de Macri?
-Es temprano aún, pero creo que lo prometido va en la dirección justa; este gobierno no va a un neoliberalismo viejo, sino que va a proponer una liberalización de la economía desde el control de la administración pública. Yo soy moderadamente optimista.
-¿Cuál cree que es el rol adecuado del Estado en la economía?
-El Estado no puede utilizar a la esfera económica para favorecer el grupo político que ha facilitado la elección. Cuando se habla de corrupción, la corrupción presupone a los corruptores y a los corruptos, y los dos tienen que ganar algo. Hay otra característica que se da en la Argentina referida a la sociedad civil, y es que el grado de confianza interpersonal es débil.
-¿Ese nivel de confianza se modifica con los vaivenes de la política? ¿Tiene que ver con eso?
-No, tiene que ver con la estructura de la sociedad civil en el país, que es muy débil. La tendencia es que las personas no tienen confianza entre sí. Si no hay confianza no se pueden hacer negocios. Hay confianza de pequeños grupos, pero no de largo plazo ni de integración social. Todo eso ayuda a explicar por qué el país no tiene un mejor ingreso per cápita.
-¿Y también está ese factor en la raíz de la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso?
-Sí. La desigualdad no es un fenómeno de la naturaleza; es un efecto de la falta de confianza y de las incapacidades de los gobiernos de traducir buenas ideas en acción. No hay una buena administración pública y hay problemas con la clase empresarial que no le da la suficiente importancia a la producción. Y hay que tener en cuenta la necesidad de valorar el impacto social de una inversión.
-¿Se refiere al concepto bajo el que trabajan, por ejemplo, las benefit corporation o empresas B, como les llamamos acá?
-Sí, el concepto es más amplio. Las benefit corporation empezaron en 2010 con una ley en Estados Unidos, y el segundo país que aprobó una ley sobre el tema fue Italia [en la Argentina, el presidente Mauricio Macri anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley, impulsado por grupos de la sociedad civil]. Son empresarios que dicen que quieren poner las capacidades no sólo para generar ganancias, sino también para adelantar los procesos de transformación. Son empresarios que saben que si no hacen los negocios de determinada manera, el riesgo es la destrucción del sistema.
-¿En Italia se dieron beneficios impositivos a esas empresas o la ley es un reconocimiento de su objeto con una forma jurídica?
-No hay beneficio impositivo porque eso sería una forma de seducción. La ganancia para la empresa es en capital de reputación; las personas prefieren comprar los productos cuando ven que la empresa piensa en salud y en educación. El consumo crítico se desarrolla cada vez más. Y creo que en la Argentina va a pasar algo positivo. Si comprendemos que es posible vivir mejor, cambiamos. Cuando las personas divisan que su nivel de vida es muy bajo y que la corrupción no paga, hay un cambio. Acá hubo una estrategia de mantener la pobreza, que se llama asistencialismo.
-¿Y cuál es el punto de equilibrio, para una política estatal, entre actuar para garantizar derechos y no pasarse al asistencialismo?
-En el 1300, 1400, los franciscanos decían que la limosna ayuda a sobrevivir pero no a vivir, porque vivir es producir. Los franciscanos lo decían.
-Y entonces un programa social tendría que acompañarse con incentivos para entrar al sistema productivo…
-¿Y por qué un programa social? Debe ser el programa económico. En Italia, por ejemplo, las personas down trabajan, mientras que antes sus familias tenían un subsidio, ¿y por qué, si podían trabajar? Programa social es una expresión ambigua, porque puede significar un subsidio en lugar de decir: «te voy a incluir». El asistencialismo sirve a los políticos y si hay que aumentar los impuestos para los subsidios, la economía no se puede desarrollar, y si no se desarrolla, habrá más pobres; eso es un círculo vicioso.
Mini bio
Nacimiento: Italia, 1943
Profesión: Economista dedicado a la investigación y a la docencia
Vaticano: Es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales
