Mark Fagan, reconocido especialista norteamericano en lobbying, integró una mesa redonda junto al senador Federico Pinedo y empresarios argentinos para conversar sobre las ventajas y los desafíos de impulsar la Ley de Gestión de Intereses que está trabajando el Poder Ejecutivo. El encuentro se realizó este lunes 24 de julio en la Universidad del CEMA ante 200 personas.

Mark Fagan, profesor de John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, estuvo en la Argentina y compartió su opinión sobre los puntos centrales de la ley de lobbying que se está tratando en el país, pero que aún no encuentra consenso. Integró un panel formado por el senador nacional Federico Pinedo; por Alejandro Díaz, CEO de AMCHAM Argentina; por Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); por Sergio Pernice, profesor de UCEMA; y por Sybil Rhodes, directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. La charla se desarrolló el lunes 24 de julio en el salón auditorio de la Universidad del CEMA y asistieron más de 200 personas.

La iniciativa fue impulsada por Fundación Criteria, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE) y la Universidad del CEMA. Bajo una perspectiva empresaria, política y académica, se analizaron las características principales de la relación entre el sector público y privado y se expusieron ejemplos internacionales en los que la legislación impulsó una gestión transparente en dicho vínculo. El objetivo fue contribuir y abrir un espacio de diálogo para pensar e intercambiar ideas sobre los mecanismos posibles para transparentar la relación entre los principales actores de la sociedad democrática. Y también se pretendió explorar decisiones y alternativas que permitan consolidar una mayor calidad institucional, que es uno de los grandes desafíos de la Argentina actual.

«Hay dos opciones frente al lobby: continuar con el status quo -sin fomentar ni mejorar la transparencia- o aceptar que es una práctica que existe y regularlo para garantizar mayor calidad institucional», subrayó Mark Fagan. A su vez, aprovechó para hacer una comparación entre la legislación norteamericana y el proyecto que se está trabajando en la Argentina: «Hay una ventaja comparativa de la ley que se quiere conseguir en la Argentina y es que los legisladores estarán obligados a registrar sus audiencias, mientras que en Estados Unidos el único obligado es el lobista y no el funcionario».

El senador Federico Pinedo también destacó la centralidad de la ley que está impulsando el Ejecutivo e intentó marcar el rumbo de la discusión que, a su juicio, cree que debería ser la correcta. «Lo principal es preguntarse cómo podemos lograr que los funcionarios tomen decisiones de acuerdo al interés público», sostuvo Pinedo. «Muchas veces, el problema no es el lobby, sino la falta de lobby; hay una presión concreta sobre los políticos pero nadie hace lobby a favor de los consumidores», argumentó.

Los empresarios del panel también hicieron oír su voz. Alejandro Díaz analizó la realidad del país en el contexto del anterior Gobierno y enfatizó que en aquel entonces era muy difícil que los representantes de Asuntos Públicos de las empresas y organizaciones pudieran tomar contacto con el sector público porque, según su visión, no había interés por parte de los organismos oficiales de abrir esos espacios de diálogo. «Es necesario tener un marco regulatorio para el lobby. Es un muy buen comienzo y creemos que, más adelante, debemos adecuarnos a modelos intermedios -como el caso chileno- para que el sector privado también tenga alguna responsabilidad cuando ejerza alguna gestión de lobby», propuso.

Por su parte, Juan Cantarella explicó: «Cada vez que se regula algo hay un beneficio en términos relativos para los más débiles por sobre los poderosos». También aprovechó la ocasión para resaltar la necesidad de conseguir mayor transparencia en un tipo de inversión diferente a la del lobby tradicional, que son los gastos en publicidad y en prensa.

La importancia de este encuentro radica en la articulación que la Ley de Gestión de Intereses tiene con otras normas que en los últimos tiempos fueron objeto de debate. Se trata de la Ley de Acceso a la Información Pública -que entró en vigencia este año- y la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que se aspira a que adquiera estado parlamentario en el menor tiempo posible.

La Ley de Gestión de Intereses es impulsada por el Ejecutivo Nacional y actualmente se encuentra como proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación. El objetivo principal de la norma es transparentar todas las actividades que cualquier persona física o jurídica pueda dirigir hacia la Administración Pública o hacia alguna empresa con participación mayoritaria del Estado con el fin de influir en sus funciones. De contar con una legislación de ese estilo –como existe en países como Estados Unidos y Chile- se consolidaría uno de los pilares fundamentales del Gobierno Abierto –tan publicitado por el oficialismo-, que es la transparencia en la gestión de los intereses de la sociedad en general y de las empresas en particular.

Actualmente, cuando algún funcionario del Ejecutivo recibe a empresarios, sindicalistas, referentes sociales o legisladores, un decreto presidencial lo obliga a dejar registrados los principales detalles de la audiencia -como el día, los participantes y el motivo- para garantizar cierta transparencia. Sin embargo, el desafío que encontraron aquellos que impulsan la Ley de lobby es dar un paso más y conseguir una norma votada por el Congreso para que, además de la transparencia, se le pueda garantizar la igualdad de trato a cualquier ciudadano que solicite ser escuchado.

Entre los principales puntos, se destaca el artículo 9 del Proyecto, que sostiene que la información contenida en los registros públicos de audiencias de gestión de intereses deberá ser actualizada semanalmente y difundida a través de internet. Además, agrega que dicha información tiene carácter público y que se deben adoptar los recaudos necesarios para garantizar su libre acceso.

Mark Fagan

Mark Fagan es profesor de Políticas Públicas de John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y obtuvo una maestría en Planificación Urbana y Regional. Además, es especialista en regulación pública para mercados competitivos y tiene una amplia experiencia internacional sobre la práctica del lobbying institucional en la gestión de intereses de las industrias del transporte, energía y la generación de redes de innovación. 

Compartimos la disertación completa de Mark Fagan en Argentina