Nota de opinión de Adolfo Ablático publicada en Diario La Nación – domingo 29 de agosto de 2010
«Tres acontecimientos de relevancia capturaron la atención en los últimos días: el bloqueo a una planta industrial por parte de miembros de una organización sindical; la declaración de caducidad de una licencia de un proveedor de Internet, y -finalmente- la denuncia efectuada por la Presidenta de la Nación sobre la presunta comisión de delitos por parte de directivos de medios de prensa.
Aunque pareciera que estos sucesos carecen de un denominador común, una mirada desapasionada nos permitirá encontrar un hilo conductor que atraviesa las conductas de las partes involucradas.
Si el Estado, a través de los organismos regulatorios pertinentes y de las atribuciones de cada uno de los poderes que lo integran, es el garante de los derechos que la Constitución nos consagra a los ciudadanos, en estos acontecimientos estuvo ausente. Esa ausencia se manifiesta en la violación del derecho constitucional de trabajar y ejercer toda industria lícita en el caso de los bloqueos ejercidos por sindicalistas por un período que excede toda razonabilidad.
La ausencia también se reitera en la celeridad para declarar la caducidad de una licencia para proveer servicios de Internet, cuando las razones invocadas aparecen -cuanto menos- extemporáneas, pese a que se trata, en definitiva, de la privación de un derecho de propiedad, en su sentido más amplio y protegido por la Constitución nacional. Los derechos de los usuarios en este caso tampoco parecieron merituarse a la hora de actuar.
Y ausencia, en fin, de equilibrio cuando se denuncia a directivos de medios de prensa con fundamento en relatos parciales y subjetivos que aparecen gravemente cuestionados por los propios actores de esos procesos que hoy se dicen delictivos.
En este marco, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso de la Nación que legisle sobre cuestiones que indirectamente pueden significar una afectación de la libertad de prensa, otro derecho reiterado en la Constitución nacional y en tratados internacionales.
Dos derechos de enorme relevancia para el progreso, como son la libertad para ejercer industria lícita y el de propiedad en sentido amplio, han sido afectados por acción u omisión del Gobierno.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo propone legislar sobre materias estrechamente vinculadas con la prensa escrita, poniendo sobre la cabeza de directivos relevantes, una espada de Damocles como es una denuncia penal cuyos fundamentos están gravemente cuestionados, tanto en los hechos como en el derecho invocados.
El derecho de peticionar a las autoridades es otro derecho que la Constitución nos otorga a los ciudadanos, y el gobierno de turno -en todos los casos- debe ejercerlo con enorme prudencia y responsabilidad. Caso contrario, el abuso está a la vuelta de la esquina. Bienvenido el debate en el seno del Congreso. No obstante, su entorno y contexto no pueden estar empañados por acciones de gobierno que no se condicen con los derechos constitucionales que dice proteger. La sola circunstancia de que la libertad de prensa esté en juego debe alertar gravemente a los legisladores y a la sociedad civil, para ejercer los controles del caso y evitar nuevas ausencias del Estado.
Si quien ejerce circunstancialmente el gobierno avanza por sobre los deberes del Estado, los derechos que emanan de la Constitución se subordinarán a sus intereses, gobernando para pocos, en perjuicio de muchos.
Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, destaca que el principio del Estado de Derecho es aquél en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Desde la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas promovemos la soberanía de la ley, como estructura básica para construir una sociedad más justa e igualitaria, que tienda al bien común de todos los habitantes de nuestra nación.
Así, creemos de vital importancia reiterar nuestro incondicional apoyo a la defensa de las instituciones y apelamos a la vigencia irrestricta del Estado de Derecho en el marco del sistema democrático que sostiene nuestra Constitución nacional.
Los argentinos -no sólo los empresarios- vemos día tras día cómo se menoscaban los tres principios que hacen posible las inversiones y el desarrollo sostenible de nuestro país: la seguridad jurídica, las reglas de juego estables y previsibles, y el respeto por la actividad privada.
La ausencia de un Estado protector de los derechos constitucionales más fundamentales, y la presencia de un Gobierno que incita al enfrentamiento u omite actuar cuando tiene que hacerlo, conspira contra la soberanía de ley y dificulta gravemente el progreso de la sociedad en su conjunto. La vuelta a la razonabilidad permitirá debatir de manera serena los enormes desafíos de la Argentina, aplicando los principios constitucionales que nos gobiernan.»
Nota de opinión publicada en la edición impresa del diario La Nación el domingo 29 de agosto de 2010.
