Seis entidades empresarias, de relevante trayectoria y comprometidas con el desarrollo del país, transmitieron un fuerte respaldo a la suspensión del camarista Eduardo Freiler, decidida la semana pasada por el Consejo de la Magistratura a raíz de las denuncias por su crecimiento patrimonial.
Mediante una declaración, las organizaciones apoyaron, además, la ofensiva del Gobierno para que se investigue a los jueces.
«Sin Justicia no hay República», es el título del comunicado, emitido por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que preside Jaime Campos; la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que encabeza Claudio Cesario; la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), cuyo titular es Alejandro Díaz; la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), presidida por Juan Manuel Vaquer; el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), conducido por Javier Goñi, y la Sociedad Rural Argentina (SRA), cuyo presidente es el doctor Luis Miguel Etchevehere.
Las entidades celebraron, en ese sentido, la reciente decisión del Consejo de la Magistratura de suspender por seis meses al camarista Freiler para que sea sometido a un juicio político.
«Es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley», dicen las organizaciones en su pronunciamiento.
El texto completo de la declaración es el siguiente:
«Las entidades abajo firmantes, que promueven desde sus orígenes los valores y principios de comportamientos éticos y republicanos, expresan su visión sobre el correcto funcionamiento de la Justicia, como requisito indispensable para que haya república.
«En tal sentido consideran que los jueces, que tienen facultades para decidir sobre la libertad y el patrimonio de las personas, deben mantener comportamientos éticos ejemplares, sin sombra de dudas, y ser referentes de ello para la sociedad toda.
«Por tal motivo es vital que la propia Justicia funcione de manera transparente para preservar la institución que el juez representa, tomando las medidas necesarias para asegurar que todos los jueces cuya probidad esté objetivamente en duda sean investigados y juzgados en forma rápida y efectiva, dentro del marco de la ley.
«De esta forma se generará la confianza necesaria de la ciudadanía en el Poder Judicial y, por ende, el clima adecuado para el desarrollo de las empresas y la atracción de inversiones de largo plazo que generen empleo digno y sostenible», concluye la declaración.
El polémico camarista es una figura clave en la Justicia y muchos de sus fallos beneficiaron a la ex presidenta Cristina Kirchner. Fue apartado del cargo por el Consejo de la Magistratura por «mal desempeño de sus funciones», en medio de denuncias por enriquecimiento ilícito, y será sometido a juicio político por un jury de enjuiciamiento.
La Nación | 23 de agosto
