Columna de Guillermo Lipera, presidente del XVIII Encuentro Anual de ACDE, en El Cronista.
Uno de los grandes desafíos a enfrentar por nuestra sociedad consiste en generar una toma de conciencia acerca de la necesidad de adoptar medidas urgentes, que tiendan a facilitar el acceso a la justicia, y a lograr una mayor eficacia en el accionar del Poder Judicial.
Nuestra calidad de vida mejorará sustancialmente si contamos con un Poder Judicial independiente y eficaz, que pueda combatir exitosamente la corrupción y el narcotráfico, y que facilite, asimismo, que los ciudadanos puedan obtener la protección de sus derechos en tiempo oportuno y no tardío.
Esta tarea no puede ser llevada a cabo exclusivamente por los jueces, ya que el inmenso trabajo a desarrollar excede en demasía el alcance de sus posibilidades.
El desafío debe ser abordado coordinadamente entre los distintos poderes del Estado y fundamentalmente por el Consejo de la Magistratura, organismo creado a tal efecto por la reforma constitucional de 1994.
Dicho organismo fue creado para seleccionar mediante concursos los postulantes para jueces, decidir la apertura del procedimiento para su remoción y, asimismo, asegurar la independencia de los magistrados y la eficaz prestación del servicio de justicia.
Lamentablemente, debido en su mayoría a razones de índole política, el Consejo no logró cumplir con las expectativas que motivaron su creación. No sólo debilitó la independencia de los jueces, sino que tampoco logró un servicio de justicia más eficaz.
Tal circunstancia se debe, fundamentalmente, a la inconstitucional reforma legislativa que modificó la composición del Consejo en el año 2006. Me estoy refiriendo a la ley 26.080, que rompió el equilibrio entre los representantes de los distintos sectores que deben integrar el Consejo, otorgando poder de veto a los representantes del oficialismo de turno a la hora de postular jueces y decidir el inicio de un procedimiento de remoción.
En cuanto a la eficacia del servicio, los resultados están a la vista. Baste señalar, a título de ejemplo, la duración excesiva de los juicios laborales, civiles, comerciales, administrativos, y la inmensa cantidad de casos en los que se investigan posibles actos de corrupción que concluyen por prescripción.
Esto afecta también al mundo de los negocios. La falta de certeza acerca de la posibilidad de obtener una respuesta rápida de los jueces desmotiva a quienes puedan estar interesados en realizar mayores inversiones en el país.
Es que, de poco valen las garantías constitucionales, si no existe un sistema judicial que asegure su adecuada protección, en el caso de que aquellas se vean afectadas.
Una buena prestación de los servicios de justicia sería un gran aliciente para aumentar las inversiones del sector privado y ello redundaría en mayor cantidad de empleo y mejor calidad de vida para todos.
Es por tal motivo, que resultaría auspicioso instalar en la agenda pública la necesidad de generar una mayor confianza en la justicia, una de las metas que nos propusimos al proyectar el XVIII Encuentro Anual de ACDE, titulado El valor de la Justicia, una condición para el desarrollo social.
Consideramos oportuno para que los candidatos expliciten sus propuestas en tal sentido, las que necesariamente deberán hacer foco en medidas tales como:
n Reforma del Consejo de la Magistratura a fin de restablecer el equilibrio que exige nuestra Constitución Nacional.
n Nuevas leyes procesales que agilicen la tramitación de los juicios y permitan que las pericias se realicen en las etapas de mediación previa.
n Creación de juzgados de menor cuantía con procesos abreviados.
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