Buenos Aires, 29 de agosto de 2020

El DNU 690/2020 perjudica a los argentinos al poner en riesgo inversiones que nuestro país necesita.

En un contexto económico desafiante y agravado por la pandemia, nuestro país necesita más que nunca reglas claras y estables que permitan y alienten inversiones privadas de largo plazo que sirvan de catalizadoras del desarrollo y generen empleo genuino.

La intervención del Estado declarando las telecomunicaciones como servicio público para regular su tarifa, termina dañando la calidad de dichos servicios, a los consumidores y a las empresas que los proveen y dan trabajo en el país.

Sólo la inversión en infraestructura de largo plazo logrará que la Argentina asegure los estándares de conectividad e infraestructura de comunicaciones que requiere la economía del conocimiento y la industria 4.0. Se trata de servicios transversales a todas las industrias de la economía, que se han desarrollado siempre con precios en competencia y que han dado respuesta a una demanda potenciada por la pandemia. Una red de comunicaciones moderna y eficiente, que necesita de constante innovación, es la principal herramienta que necesitamos para ser competitivos como país y poder erradicar la pobreza.

Por eso, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) pide políticas públicas transparentes y sostenibles en el tiempo que sirvan para garantizar, a través de consensos y en un marco de competencia de mercado, la mejora continua de los servicios, que fomenten las inversiones privadas y permitan asegurar el trabajo para todos los argentinos.

Como dice San Juan Pablo ll en su Encíclica Centesimus Annus (47) “Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos.”

Consejo Directivo de ACDE