Buenos Aires, 22 de febrero de 2021
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifiesta sus objeciones a las modificaciones introducidas a la actual Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442), por el Senado de la Nación el pasado 04 de febrero. Al respecto, ACDE afirma que las modificaciones aprobadas por el Senado de la Nación no contribuyen a avanzar hacia una mayor competencia, ni a generar inversiones productivas y mejor empleo, e incorporan criterios de dudosa legitimidad y riesgos de discrecionalidad. Específicamente, ACDE considera que:
- La eliminación de la aprobación tácita ante el silencio de la Autoridad y la suspensión de los plazos ante requerimiento de informes, se contradicen con la celeridad en los plazos de puesta en vigencia del criterio de aprobación previo.
- Se reduce la transparencia y se aumentan los riesgos de discrecionalidad al ubicarse a la Autoridad Nacional de la Competencia como dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, en lugar del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se imponen requisitos de dudosa legitimidad a quienes integren el Tribunal de Defensa de la Competencia; se reemplaza su selección por concurso público por la designación a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y se reduce de 5 a 4 años su mandato, exigiéndose su renovación total y no parcial y escalonada.
- Se introducen cambios regulatorios que lejos de estar orientados a mejorar el control de la competencia y el cese de conductas inadmisibles, operan en sentido inverso
Quienes integramos ACDE defendemos, en el marco de los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia, los principios de un mercado libre y de una sana competencia, donde el Estado sea quien arbitre las desigualdades, preserve el interés general y establezca criterios que aseguren la igualdad de oportunidades y no de resultados. Estamos convencidos de que una adecuada Ley de Defensa de la Competencia y un funcionamiento transparente, profesionalmente idóneo y eficiente de dicha Autoridad y del Tribunal de Defensa de la Competencia, constituyen aspectos de suma trascendencia al decidirse inversiones productivas, incluso más que cualquier política de incentivos industriales.
Apoyamos también, como algo natural a la actividad empresarial, el operar con riesgos y en contextos de incertidumbre; sin embargo no podemos apoyar normas que a la naturales dudas que genera cualquier decisión de inversión, le introducen dudas imposibles de resolver, como son si esa inversión finalmente será aprobada o, peor aún, cuándo se conocerá una decisión. Confiamos en que los Sres. Diputados de la Nación, a quienes corresponde ahora el tratamiento de estos cambios, adviertan y compartan estas objeciones.
