Buenos Aires, martes 18 de mayo de 2021

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) manifiesta su profunda preocupación por el avance en el Congreso de la Nación del proyecto de Ley presentado por el PEN para modificar las mayorías requeridas para designar al Procurador General de la Nación y los cambios en los tribunales de enjuiciamiento de fiscales federales. El proyecto significa un grave retroceso institucional porque cesa la independencia del Ministerio Público establecida por la Constitución Nacional en su reforma de 1994, dejando a los ciudadanos a merced del arbitrio de mayorías circunstanciales en el poder político.

Como hemos sostenido en comunicados anteriores, los empresarios cristianos consideramos que una justicia independiente es la columna vertebral de un país democrático y republicano, deseoso de atraer inversiones que generen puestos de trabajo y prosperidad para las familias. En tal sentido, vemos con asombro cómo negociaciones entre bloques parlamentarios a espaldas de la sociedad parecen determinar la suerte de un proyecto de ley, que pone en entredicho la vigencia de las garantías de debido proceso y libertades fundantes de nuestra República.

Pensamos, como nuestros constituyentes, que la Justicia debe controlar a los gobernantes de turno, no supeditarse a ellos, y también contar con fiscales independientes que puedan avanzar con causas extremadamente complejas como narcotráfico, corrupción, etc. De ser aprobada por los diputados, esta ley debilitará nuestra justicia y nos llevará un escalón más abajo en la difícil tarea de volver a crecer vía la inversión productiva directa. Porque sin las garantías institucionales necesarias, no hay incentivo posible para la inversión, herramienta fundamental para la construcción de un futuro de desarrollo e inclusión.

Los hombres y mujeres de empresa agrupados en ACDE creemos que no es hora de modificar la Justicia para acumular poder político; por el contrario, es indispensable concentrar las energías del país en generar trabajo, gestionar de forma eficiente la emergencia sanitaria y controlar la inflación mediante medidas concretas, como las que ya funcionan en el resto del mundo.